El título de este post lo tomo prestado de una expresión utilizada por el profesor de Historia de la Universidad de Barcelona Bernat Muniesa, de cuyas clases, por cierto, disfruté como alumno hace ya algunos años.
Lo que cuento a continuación, muy resumido, aparece en su libro “Libertad, Liberalismo, Democracia”. Un librito de sólo 104 páginas, todas ellas muy buenas.
Bien, cuenta el doctor Muniesa en su ensayo que en 1968 el Gobierno estadounidense, con Lyndon B. Johnson al frente, encargó un estudio secreto a un equipo dirigido por el periodista Walter Lippmann. Este informe se denominó: La teoría progresiva acerca del pensamiento democrático liberal y los medios informativos.
Dicho informe partía de la tesis de que sólo una élite especializada de hombres responsables está en condiciones de tratar los verdaderos problemas de una sociedad y de resolverlos satisfactoriamente para la nación (se refería a los EEUU). Este informe introdujo el concepto de democracia progresiva, que distingue dos tipos de ciudadanos.
En primer lugar, aquellos ciudadanos que asumen un rol activo en cuestiones de gobierno y administración: la élite especializada, es decir, aquellos que analizan, toman decisiones, las ejecutan, que controlan y dirigen los procesos que implican sobre todo a lo político y lo económico.
En segundo lugar, lo que aquel informe llamaba rebaño descarriado, o sea, la casi totalidad de la población civil, de la cual deben protegerse los intereses de la nación.
Según el informe los ciudadanos deben ocuparse únicamente de sus propios asuntos personales y sólo de ellos. Cualquier otra tentación, tanto si busca asociarse para crean un movimiento social como si aspira a intervenir de algún modo en los asuntos políticos, para los cuales no está capacitado, deber ser valorada como peligrosa.
En este mismo informe se introdujo el concepto de revolución en el arte de la democracia para fabricar consensos, es decir, para producir en la población civil –mediante la propaganda- la aceptación de cuestiones incluso no deseadas, hábilmente manipuladas y decididamente presentadas como necesarias e inevitables.
En los años ochenta el sociólogo J. F. Lippset recibió un encargo de la Administración Reagan: otro informe que actualizaría el de Lippmann, ya fallecido. La élite –dice el informe- debe ser consciente de no sucumbir a ciertos dogmatismos democráticos, los cuales afirman que en democracia los ciudadanos son los mejores jueces. Un error, porque no lo son. Somos nosotros (la élite sabia) los mejores jueces de los asuntos públicos y como tales no debemos permitir que los juicios erróneos que provienen de la sociedad civil interfieran la seguridad nacional. Y para ello contamos con un instrumento extraordinario: la propaganda.
Tanto para Lippmann como para Lippset, la clave del éxito está en el control de la opinión pública y la subordinación de la sociedad civil.
La Fórmula Valley, teorizada en la Universidad de Yale en 1998, explica cómo combatir los movimientos sociales que brotan en la sociedad civil por disconformidad, rechazo o demandas explícitas contra situaciones injustas o lesivas para la sociedad o parte de ella. La fórmula establece que: llegados tales casos, las instancias de poder deben desacreditar tales movimientos y el argumento debe ser presentarlos como perjudiciales para la nación.
Todo esto me recuerda las, al menos, dos visiones que existen de la democracia:
a) aquella visión en la que la sociedad civil tiene a su alcance recursos para PARTICIPAR de modo significativo en la gestión de los asuntos, tanto particulares como públicos, en un contexto de medios de información libres e imparciales.
b) Aquella otra en la que el sistema de poder considera que la sociedad civil no debe interferir en la gestión pública, salvo en el acto de votar cada cierto tiempo. Es decir, que debe limitarse a DELEGAR en sus representantes.
Yo, obviamente, me quedo con la primera visión, pero resulta evidente que la casta política, aunque jamás lo reconocerá, aboga por la segunda.
¡Buenas noches y buena suerte!
Lo que cuento a continuación, muy resumido, aparece en su libro “Libertad, Liberalismo, Democracia”. Un librito de sólo 104 páginas, todas ellas muy buenas.
Bien, cuenta el doctor Muniesa en su ensayo que en 1968 el Gobierno estadounidense, con Lyndon B. Johnson al frente, encargó un estudio secreto a un equipo dirigido por el periodista Walter Lippmann. Este informe se denominó: La teoría progresiva acerca del pensamiento democrático liberal y los medios informativos.
Dicho informe partía de la tesis de que sólo una élite especializada de hombres responsables está en condiciones de tratar los verdaderos problemas de una sociedad y de resolverlos satisfactoriamente para la nación (se refería a los EEUU). Este informe introdujo el concepto de democracia progresiva, que distingue dos tipos de ciudadanos.
En primer lugar, aquellos ciudadanos que asumen un rol activo en cuestiones de gobierno y administración: la élite especializada, es decir, aquellos que analizan, toman decisiones, las ejecutan, que controlan y dirigen los procesos que implican sobre todo a lo político y lo económico.
En segundo lugar, lo que aquel informe llamaba rebaño descarriado, o sea, la casi totalidad de la población civil, de la cual deben protegerse los intereses de la nación.
Según el informe los ciudadanos deben ocuparse únicamente de sus propios asuntos personales y sólo de ellos. Cualquier otra tentación, tanto si busca asociarse para crean un movimiento social como si aspira a intervenir de algún modo en los asuntos políticos, para los cuales no está capacitado, deber ser valorada como peligrosa.
En este mismo informe se introdujo el concepto de revolución en el arte de la democracia para fabricar consensos, es decir, para producir en la población civil –mediante la propaganda- la aceptación de cuestiones incluso no deseadas, hábilmente manipuladas y decididamente presentadas como necesarias e inevitables.
En los años ochenta el sociólogo J. F. Lippset recibió un encargo de la Administración Reagan: otro informe que actualizaría el de Lippmann, ya fallecido. La élite –dice el informe- debe ser consciente de no sucumbir a ciertos dogmatismos democráticos, los cuales afirman que en democracia los ciudadanos son los mejores jueces. Un error, porque no lo son. Somos nosotros (la élite sabia) los mejores jueces de los asuntos públicos y como tales no debemos permitir que los juicios erróneos que provienen de la sociedad civil interfieran la seguridad nacional. Y para ello contamos con un instrumento extraordinario: la propaganda.
Tanto para Lippmann como para Lippset, la clave del éxito está en el control de la opinión pública y la subordinación de la sociedad civil.
La Fórmula Valley, teorizada en la Universidad de Yale en 1998, explica cómo combatir los movimientos sociales que brotan en la sociedad civil por disconformidad, rechazo o demandas explícitas contra situaciones injustas o lesivas para la sociedad o parte de ella. La fórmula establece que: llegados tales casos, las instancias de poder deben desacreditar tales movimientos y el argumento debe ser presentarlos como perjudiciales para la nación.
Todo esto me recuerda las, al menos, dos visiones que existen de la democracia:
a) aquella visión en la que la sociedad civil tiene a su alcance recursos para PARTICIPAR de modo significativo en la gestión de los asuntos, tanto particulares como públicos, en un contexto de medios de información libres e imparciales.
b) Aquella otra en la que el sistema de poder considera que la sociedad civil no debe interferir en la gestión pública, salvo en el acto de votar cada cierto tiempo. Es decir, que debe limitarse a DELEGAR en sus representantes.
Yo, obviamente, me quedo con la primera visión, pero resulta evidente que la casta política, aunque jamás lo reconocerá, aboga por la segunda.
¡Buenas noches y buena suerte!
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