Recuerdo a un profesor de economía que tuve en la Facultad que decía que el déficit público no era algo necesariamente negativo. Argüía que un Estado puede endeudarse para invertir. Ponía como ejemplo la construcción de carreteras: El Estado se endeuda para construir carreteras en una región carente de ellas. Ese territorio se dinamiza económicamente para finalmente ver como aumenta el PIB de la región y, por tanto, el del Estado. Es solo un ejemplo; invertir en educación podría ser otro.
Bueno, dicho esto, supongamos, no obstante, que ese déficit se ha convertido en una rémora y que, efectivamente, es necesario reducirlo.
Técnicamente es posible reducir el déficit público de dos maneras: 1) reduciendo los gastos ó 2) aumentando los ingresos de Estado, vía impuestos, obviamente. El gobierno español –y los gobiernos autonómicos, véase el sangrante caso de CiU en Catalunya,- han optado por reducir el gasto, olvidando que existe otra vía, que, por cierto, otros gobiernos europeos, también contagiados de ideología neoliberal, están aplicando conjuntamente a la reducción del gasto.
España, un país con un escaso desarrollo del Estado del Bienestar, ve como se reduce en gasto público, que es predominantemente gasto social (pensiones, sanidad, educación, prestaciones por desempleo, servicios de dependencia, etc.), lo cual va, inexorablemente, en detrimento de una población que padece también un degradación de sus condiciones laborales. Ahogada, asimismo, por una legislación laboral cada vez más huérfana de protección al trabajador, la parte más débil, no lo olvidemos, en una relación laboral.
Para la mayor parte de la población los servicios sociales suponen una especie de sueldo indirecto. Si éste mengua o es de baja calidad, y si los sueldos son cada vez más bajos, estamos condenando nuestra sociedad a unas mayores diferencias sociales, a una menor cohesión social, mayor conflictividad, violencia, pobreza, marginación, etc. Ya se está produciendo una polarización de las rentas.
En economía, el coeficiente de Gini o la curva de Lorenz nos permiten estudiar el reparto de la riqueza entre la población, pero estos indicadores nunca son mencionados por políticos ni aparecen en los Mass Media.
La última gamberrada –de momento- de Zapatero y Rajoy consiste en, con nocturnidad, vacacionalidad y alevosía, emprender una reforma urgente de la Constitución en el sentido de fijar un límite para el déficit público. Parece lógico no gastar más de lo que se ingresa, y hasta cierto punto, estoy de acuerdo con que se tienda a buscar el equilibrio presupuestario, pero entiendo que resulta peligrosísimo convertirlo en dogma. Existen otras vías para lograr ese equilibrio, pero el gobierno no las utiliza.
Resulta curioso que esa misma Constitución tan modélica, tan válida, intocable para muchos, ahora, con prisas, sin debate político, ni social, ni mediático, pretenda ser reformada en un aspecto tan polémico con el respaldo de PP y PSOE y con la oposición de colectivos, partidos de izquierda, partidos nacionalistas, asociaciones y ciudadanos. Esta es una demostración más del más preocupante déficit que padece nuestra sociedad: el déficit democrático.
