Ayer 24 de septiembre a las 13:30 publicaban en la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón las notas finales de los exámenes oficiales.
Debí llegar sobre las tres y media -cuando me fue posible- y extrañamente me encontré la escuela cerrada. Un cartel aclaratorio rezaba: “Cerrado a partir de las 15:00 por falta de personal los días 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre”. Sentí la decepción de no conocer cuál había sido mi nota de inglés. ¿Tendría que esperar al lunes –¡con un interminable fin de semana de por medio!- o tal vez algún compañero o compañera habría conocido los resultados y me informaría?
Pero lo cierto es que rápidamente dejé de pensar en mi problema y me solidaricé con los empleados que habían cerrado la Escuela, imagino que hartos de pedir más personal. Pensé que habían elegido cerrar el edificio en el momento que más iba a extorsionar al alumnado: ese viernes 24, cuando muchos estudiantes nos toparíamos con el candado de la incertidumbre en la verja.
Ya digo que mi primera reacción fue de admiración ante la medida de los trabajadores: “han sido valientes”, pensé. Estaba decidido a presentar un escrito de queja ante la Administración, una queja que, por supuesto, no iría dirigida contra el personal no docente de la escuela sino contra la propia Administración por no ofrecer un servicio adecuado.
Ahora que escribo estas líneas, me pregunto si el cierre del edificio fue iniciativa espontánea de unos trabajadores hartos de no ser escuchados en sus demandas o si, tal vez, se hizo con el beneplácito y la indolencia de la Administración.
En cualquier caso, los efectos de los recortes en gasto social, en este caso en Educación, ya son visibles. Lo peor, no obstante, no es que estos días la escuela se cierre por las tardes -que ya es un fastidio- sino que para este curso se ha reducido el número de profesores, la oferta horaria y el número de horas lectivas, mientras que, por otro lado, se ha ampliado la ratio de alumnado por aula.
Medidas similares se han tomado en la enseñanza obligatoria y bachillerato. Por poner un ejemplo: el Instituto Calderón de la Barca, de Gijón, va a contar en su plantilla con 17 profesores menos que el curso anterior, y más alumnos matriculados.
Consecuencia previsible: hacinamiento en las aulas, pérdida de calidad de la Enseñanza, empeoramiento de las condiciones laborales de los profesores, dificultades para atender a la diversidad, etc.
¿De verdad este es el camino a seguir?
Debí llegar sobre las tres y media -cuando me fue posible- y extrañamente me encontré la escuela cerrada. Un cartel aclaratorio rezaba: “Cerrado a partir de las 15:00 por falta de personal los días 24, 27, 28, 29 y 30 de septiembre”. Sentí la decepción de no conocer cuál había sido mi nota de inglés. ¿Tendría que esperar al lunes –¡con un interminable fin de semana de por medio!- o tal vez algún compañero o compañera habría conocido los resultados y me informaría?
Pero lo cierto es que rápidamente dejé de pensar en mi problema y me solidaricé con los empleados que habían cerrado la Escuela, imagino que hartos de pedir más personal. Pensé que habían elegido cerrar el edificio en el momento que más iba a extorsionar al alumnado: ese viernes 24, cuando muchos estudiantes nos toparíamos con el candado de la incertidumbre en la verja.
Ya digo que mi primera reacción fue de admiración ante la medida de los trabajadores: “han sido valientes”, pensé. Estaba decidido a presentar un escrito de queja ante la Administración, una queja que, por supuesto, no iría dirigida contra el personal no docente de la escuela sino contra la propia Administración por no ofrecer un servicio adecuado.
Ahora que escribo estas líneas, me pregunto si el cierre del edificio fue iniciativa espontánea de unos trabajadores hartos de no ser escuchados en sus demandas o si, tal vez, se hizo con el beneplácito y la indolencia de la Administración.
En cualquier caso, los efectos de los recortes en gasto social, en este caso en Educación, ya son visibles. Lo peor, no obstante, no es que estos días la escuela se cierre por las tardes -que ya es un fastidio- sino que para este curso se ha reducido el número de profesores, la oferta horaria y el número de horas lectivas, mientras que, por otro lado, se ha ampliado la ratio de alumnado por aula.
Medidas similares se han tomado en la enseñanza obligatoria y bachillerato. Por poner un ejemplo: el Instituto Calderón de la Barca, de Gijón, va a contar en su plantilla con 17 profesores menos que el curso anterior, y más alumnos matriculados.
Consecuencia previsible: hacinamiento en las aulas, pérdida de calidad de la Enseñanza, empeoramiento de las condiciones laborales de los profesores, dificultades para atender a la diversidad, etc.
¿De verdad este es el camino a seguir?
